Todos estos tratados de comercio e inversiones establecen la creación de tribunales privados de arbitraje, conocidos como ISDS (o su sucedáneo ICS).
Los inversores podrán utilizarlos para demandar a los Estados si consideran que éstos aprueban normas que afectan a sus intereses (como elaborar leyes que protejan el medio ambiente o la seguridad alimentaria). Están compuestos por miembros de dudosa independencia, generalmente abogados de grandes bufetes, cuyas decisiones serán vinculantes e inapelables, y cuyos honorarios tendrán un coste altísimo para las arcas públicas. Por ello no es extraño que muchos juristas, y entre ellos la mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania, hayan manifestado su oposición a estos tribunales y denuncien su ilegalidad.
Pese a ello, en noviembre el Parlamento Europeo rechazó una propuesta que pretendía que la UE se pronunciara sobre la legalidad del ICS.