La democracia sometida a los intereses financieros

Todos estos tratados de comercio e inversiones establecen la creación de tribunales privados de arbitraje, conocidos como ISDS (o su sucedáneo ICS). Los inversores podrán utilizarlos para demandar a los Estados si consideran que éstos aprueban normas que afectan a sus intereses (como elaborar leyes que protejan el medio ambiente o la seguridad alimentaria). Están compuestos por miembros de dudosa independencia, generalmente abogados de grandes bufetes, cuyas decisiones serán vinculantes e inapelables, y cuyos honorarios tendrán un coste altísimo para las arcas públicas. Por ello no es extraño que muchos juristas, y entre ellos la mayor asociación de jueces...

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